La transparencia en España, una utopía que vende cada vez más
El 9 de diciembre de 2013 se aprobó en España la Ley de Transparencia, Accesibilidad y Buen Gobierno. El objetivo principal de esta legislación residía en el fortalecimiento de un modelo de conocimiento de las acciones públicas más transparente, a través de la facilitación del acceso a los ciudadanos a los datos del sector público. Esta ley comprende todo el conjunto de la Administración Pública, además de otros organismos e instituciones como la Casa Real o el Congreso de los Diputados.
Teóricamente, esta ley supondría un fortalecimiento de la vida democrática en su sentido más amplio. La creación de un Gobierno Abierto traería consigo no solo una mejora de las relaciones entre los poderes institucionales y civiles, sino también un aumento de la confianza pública y la eficacia de las fuerzas gubernamentales. No obstante, la realidad no resulta tan cercana a esta aparente utopía.
El Índice de la Percepción de la Corrupción de 2017, publicado por Transparencia Internacional aporta una visión preocupante del panorama político español. Según Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional, de los 28 países miembros de la Unión Europea, España se encontraría entre la posición 18 y la 20. “Cada país se autoevalúa (…) Los ciudadanos están viendo constantemente casos de corrupción, todo lo que se está sabiendo, y eso crea esa indignación”, afirmaba Lizcano en La noche en 24h. No es de extrañar que la percepción de la ciudadanía española sobre esta cuestión se sitúe de nuevo en sus niveles más bajos. Solamente en 2017 se abrieron 97 procedimientos judiciales por corrupción, en los cuales 411 personas quedaron involucradas. De estas 411, solamente 29 han sido procesadas.
La desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones se acentúa cada vez más, es por esto mismo, por lo que la transparencia se vuelve vital si lo que se pretende es llegar a alcanzar una confianza y estabilidad entre ambos sectores.
No obstante, los datos sí que apuntan a un aumento de los recursos y herramientas de acceso a la información pública. El panorama ha sufrido una indudable mejora en los últimos años, pero todavía hay una gran distancia que se interpone entre los individuos y la creación de un Gobierno Abierto. La transparencia no actúa de forma efectiva, sino que se camufla en los aspectos formales. Francisco Delgado, presidente de Acreditra, declaraba en una entrevista para el Diario de Cádiz: “La transparencia vende (…) Lo que hacen muchas instituciones es cumplir con los requisitos formales (…) En el momento en el que rascas un poco te das cuenta de que falta información, que es obsoleta o insuficiente, que no se facilita el acceso a los ciudadanos a ciertas partes”.
Como observadores externos, es más sencillo apostar por la comercialización de una imagen de país honesto y comprometido con el conocimiento público de sus ciudadanos. Sin embargo, no hay que obviar el momento histórico y contextual en el que nos encontramos a día de hoy.
El índice de Percepción de la Corrupción en España sigue aumentando y se encuentra ya en su peor momento. Estas cifras son un reflejo de la desconfianza que tienen los individuos hacia las fuerzas de gobierno. Los ciudadanos no precisan de una transparencia idílica que esté presente en la portada de todos los medios de comunicación, porque ya la tienen. Los portales destinados a estas iniciativas abundan cada vez más. El Portal de la Transparencia del Gobierno desvela que las visitas a páginas de contenido público se eleva a más de 2,5 millones, y el número de páginas vistas a más de 9,5 millones.
La información numérica abunda, al igual que la mediatización de los datos ylos matices optimistas que estos adquieren. No obstante, si el descontento de las personas no ha decrecido, sino que se ha agravado, habrá que considerar la traslación de la acción política más allá de la pantalla. Un cambio real es fundamental en la búsqueda de poder alcanzar la confianza entre la esfera política y pública. Lograr una transparencia efectiva y palpable, debería ser ahora, uno de los puntos más necesarios en el programa político.
Una opinión pública favorable y consolidada no se construye a partir de una campaña propagandística donde el producto a vender es la transparencia. El problema reside en esa visión mercantilizada de una cuestión que no es producto de consumo, sino beneficio público. No se trata de idealizar un proceso tan intangible como es la visibilización de la información pública, sino de conseguir que los efectos de esta utopía sean palpables y huyan de los requisitos meramente formales.